Hace mas de un año denunciamos desde la Coordinadora Vecinal la Reina, la existencia de una operación muy poco clara  de compraventa entre el Ejercito y el Municipio sobre un terreno, que en principio fue donado por el Ejercito a la Municipalidad de La Reina.

Esta situación fue consultada al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, quien NO CONTESTO, Adicionalmente la Fundación Defendamos la Ciudad ha realizado prsentaciones  a Contraloría al respecto.

Contraloría ha repuesto el tema y la investigación continía

INFORMESÉ USTE MISMO: 

Destinatarios

Alcalde de la Municipalidad de La Reina

Texto

Se refiere a denuncia presentada por la Agrupación Defendamos la Ciudad y concejales de Municipalidad de La Reina respecto de irregularidades que el municipio habría cometido con ocasión de la compraventa de un terreno al Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, para destinarlo a la construcción de un terminal de buses. Analiza la materia refiriéndose a las supuestas irregularidades en la inscripción del inmueble por no haberse procedido a la previa división del terreno; en la aceptación de un certificado de avalúo con transgresión a las bases de la licitación; uso del suelo y permiso de edificación.

Acción

Aplica Dictámenes 15114/99, 57215/2006, 25545/98

Fuentes Legales           

DFL 458/75 Vivie art/70, Res 520/96 Contr art/2 Num/11 

N° 1.842 Fecha: 15-I-2008

Se han dirigido a esta Contraloría General, don P.H., por la Agrupación Defendamos la Ciudad y las concejales de la Municipalidad de La Reina, señoras S.C. y A.M., denunciando á la citada municipalidad, por una serie de irregularidades que se habrían cometido con ocasión de la compraventa de un terreno al Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, para destinarlo a la construcción de un terminal de buses.

En, síntesis, afirman los recurrentes que la compraventa del terreno y su inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, se realizó vulnerando las disposiciones legales que indican y en particular el artículo 3.4.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ya que no se procedió previamente a la división del suelo ni a la autorización expresa del Director de Obras para transferir .el dominio de los lotes resultantes. Atendido lo anterior, don P.H. ha informado que procedió a efectuar la denuncia correspondiente al aludido Conservador de Bienes Raíces y al ministro visitador respectivo, según documento que adjunta.

Sostienen, además, que se han infringido las bases de la licitación al aceptar un certificado de avalúo que no correspondía exactamente al sitio o terreno ofertado y que parte del terreno así adquirido -actualmente arrendado por el municipio a una empresa operadora del Transantiago y a la cual se le pretende vender- se destinaría a la construcción de un terminal de buses, sin efectuar el cambio de uso de suelo.

Posteriormente, el señor H.P. ha ampliado la denuncia, en orden a que se habrían iniciado las obras para la construcción del terminal de buses, con presunta infracción a las normas que regulan el uso del suelo.

Los hechos denunciados e investigados que resultan relevantes para resolver las cuestiones planteadas por los recurrentes, son los siguientes:

Consta que por escritura pública de 7 de septiembre de 2005, el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, cedió a favor del municipio y conforme al artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones -qué obliga al urbanizador de un terreno a ceder gratuitamente para circulación, áreas verdes y otros fines, las superficies que señala la Ordenanza General-, dos retazos de terreno del loteo Villa Militar Cordillera, uno de los cuales, de una superficie de 8.000 m2, situado en el sector sur-oriente de ese loteo, en la Avenida Las Perdices con José Arrieta, se destinaría a la construcción de un terminal de buses.

Con posterioridad, y debido a las necesidades que imponían las bases del Plan de Transporte Público; Transantiago, el municipio se interesó en adquirir el terreno colindante al aludido retazo, ubicado en Avenida Las Perdices con calle Talinay, y procedió, en diciembre de 2005, a llamar a licitación pública para la compra de dicho terreno.

La oferta efectuada por el dueño del terreno -Comando de Apoyo Administrativo del Ejército- fue aceptada por la mayoría de la comisión evaluadora de la propuesta, levantándose el acta respectiva, que recomendó al alcalde comprar el terreno, de 32.279,71 m2 de superficie, en el precio y las condiciones propuestas, vale decir; por un valor de UF 11.130, pagaderas en 120 cuotas mensuales de UF 92,75.

Consta asimismo, que el concejo municipal aprobó la propuesta de adjudicación en sesión extraordinaria de 17 de enero de 2006, y que el alcalde, en esa misma fecha, dictó el decreto N° 88, que adjudicó la compra del inmueble en el valor indicado, que en pesos fue de $199.788.509.

Seguidamente, por escritura pública de 3 de febrero de 2006 se suscribe el aludido contrato de compraventa en los términos ofertados, escritura que fue rectificada en dos oportunidades, el 24 de abril y el 2 de mayo de 2006, quedando inscrito el título de dominio por el retazo de terreno aludido, a fojas 22.091, N° 36.010, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2006.

Ahora bien, en forma previa al análisis de los hechos denunciados, cabe hacer presente que esta Contraloría General, conforme a las potestades que le reconoce la Constitución y la ley, tiene por misión fundamental fiscalizar las actuaciones de los órganos públicos en relación a la observancia de los principios de juridicidad, probidad administrativa y protección del patrimonio de la Administración Pública,

Cabe advertir que tal fiscalización debe realizarla, además, con estricto apego a las normas legales que regulan su propia competencia así cómo la de los demás órganos públicos.

Hecha esta precisión, cabe analizar, en particular, cada una de las alegaciones formuladas en la denuncia de que se trata, en lo que compete a este Organismo Fiscalizador.

1.- Supuesta irregularidad en la inscripción del bien inmueble de que se trata por no haberse procedido a la previa división del terreno.

Al respecto, se pudo establecer, como se ha señalado, que la escritura de compraventa del terreno fue suscrita el 3 de febrero de 2006 -rectificada en abril y mayo del mismo año-. En dicha escritura, el predio fue singularizado utilizando un plano inscrito el 5 de octubre de 2005 en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, bajo el N° 42.378; señalando que se transfería un retazo del sector Nororiente del loteo Villa Militar Cordillera, con una superficie de 32.279, 71 m2.

Luego, en el mes de julio de 2006, con posterioridad a la venta e inscripción del inmueble, el vendedor realizó ante el aludido Conservador de Bienes Raíces, el trámite de división afecta para todo el loteo Villa Militar Cordillera, subdividiendo el terreno total en varios lotes, incluyendo el terreno ya vendido a la Municipalidad de La Reina, ahora designados como lotes 1g y 1 h.

En este punto, los recurrentes consideran irregular que se realizara el trámite de división afecta del terreno con posterioridad a la transferencia y que en dicha tramitación se presentara como dueño el Comando de Apoyo aludido respecto del total del predio, incluyendo los dos lotes que ya habían sido transferidos al municipio, considerando que la Entidad Edilicia estaba formalizando el arrendamiento del lote 1 h, en calidad de dueño, a una empresa operadora del Transantiago.

Como puede apreciarse, desde la perspectiva administrativa, se advierte que el trámite de división, afecta efectuado con posterioridad a la transferencia del inmueble tuvo por objeto normalizar o regularizar una exigencia en materia urbanística.

Ahora bien, la incidencia que esa situación pueda tener en la titularidad del dominio del inmueble de que se trata es un asunto que excede la órbita de atribuciones que compete a esta Entidad Fiscalizadora, por lo que no procede entrar al análisis de la vigencia o validez de la inscripción de dominio, actualmente a nombre de la citada municipalidad, y quien pretenda impugnar esa inscripción o la validez del respectivo título de dominio, debe hacerlo en sede jurisdiccional. Sobre este punto, ha de recordarse, que el propio recurrente se ha dirigido al Conservador de Bienes Raíces de Santiago y al ministro visitador de ese órgano auxiliar de la Administración de Justicia para que se pronuncie sobre su proceder en relación a la supuesta inscripción irregular.

2.- Supuesta irregularidad en relación a la aceptación de un certificado de avalúo, con transgresión a las bases de la licitación.

Sostienen los recurrentes que el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército presentó junto con su oferta un certificado de avalúo correspondiente al Rol N° 5000-2, de una superficie de 471.000 m2, en que se emplaza el loteo Villa Militar Cordillera, y que contiene el retazo del terreno ofertado, de una superficie de 32.279,71 m2.

Al respecto, es posible señalar que, efectivamente, el certificado de avalúo .acompañado a la oferta, corresponde al predio de cabida superior, la Villa Militar Cordillera, del cual forma parte el terreno ofertado.

Sin embargo, debe recordarse que si bien en la especie se llamó a propuesta pública, claramente se advierte que se trata en realidad de una contratación directa, por cuanto, ciertamente el único que podía ofrecer el bien que se quería comprar era ese dueño. De ahí que el precio fue acordado previamente por las partes, por valor de UF 11.130.

Esa circunstancia, en todo caso, no constituye un aspecto esencial que pueda llevar a viciar el proceso de compra en examen, ya que la jurisprudencia de este Organismo de Control ha reconocido como una situación especial qué justifica la contratación directa, aquélla en que un organismo público adquiere un bien raíz, atendidas las especiales características de un determinado proyecto que hacen que sea un bien preciso y determinado el que cumple con las condiciones requeridas, y no otro, como ocurrió en la especie. (Aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 15.114, de 1999 y 57.215, de 2006).

En tales condiciones, se advierte que el certificado de avalúo se presenta en una licitación meramente formal, ya que en definitiva, existió una voluntad de comprar y vender en determinado precio un terreno específico entre dos entes públicos, de manera que en tal contexto, el certificado constituyó un dato referencial para las partes.

3.- Supuesta irregularidad en relación al uso del suelo del terreno.

En la especie, plantean los recurrentes que la zona en que se ubica el terminal de buses, correspondería, según el Plan Regulador Comunal a una zona de área verde.

Sobre el particular, cabe señalar que, según los antecedentes tenidos a la vista, el terminal de buses se encontraría emplazado en la zona K del Plan Regulador Comunal, que permite entre los usos de suelo la construcción de un terminal de locomoción colectiva.

Se pudo comprobar, además, que, con fecha 10 de julio del año 2007, la Dirección de Obras Municipales otorgó el permiso de edificación de obra nueva N° 12.779 para la construcción de un edificio destinado a "depósito y terminal de locomoción colectiva sin pasajeros" en la referida zona K del Plan Regulador Comunal, agregando que el permiso se amparaba en la autorización especial prevista en el artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Al respecto, cabe señalar que el aludido precepto legal prescribe que el Director de Obras Municipales podrá autorizar la ejecución de construcciones provisorias por una sola vez, hasta por un máximo de tres años, en las condiciones que determine en cada caso y que sólo en situaciones calificadas ese plazo podrá ampliarse con la autorización expresa de la Secretaría Regional respectiva del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Atendido lo anterior, no se advierte cuáles son las razones que justificarían el otorgamiento de un permiso de edificación amparado en la norma citada y no el permiso de edificación que normalmente se otorga para construcciones permanentes.

Por consiguiente, la citada Dirección de Obras Municipales deberá informar en el plazo de quince días respecto de los motivos que tuvo para autorizar la construcción del terminal amparado en la disposición referida y de las medidas que haya adoptado para resguardar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables a este tipo, de edificaciones, conforme a las directrices impartidas por los organismos pertinentes, según consta en el propio permiso de edificación.

En otro orden de ideas, se debe tener presente que acorde lo previsto en el artículo 2° N° 11 de la Resolución N° 520, de 1996 -que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución N° 55, de 1992, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón-, la venta del terreno a que se alude en el presente oficio por parte del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército se encontraba afecta al trámite de toma de razón, por lo que dicha repartición pública deberá informar a la brevedad, las razones por las cuales no remitió, oportunamente, el acto aprobatorio de la venta para el control preventivo de legalidad, adjuntando la documentación pertinente. (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 25.545, de 1998). 

CON CARTEL GIGANTE, CONUPIA BUSCA REINSTALAR DEBATE PYME, SEÑALA DIARIO LA NACIÓN.

En nota publicada en La Nación, el pasado martes 8 de julio, se da cuenta de cual ha sido el proceso desde que CONUPIA decidió instalar el cartel gigante en el frontis de las oficinas de la Confederación.

Siete infracciones por publicidad no autorizada ha cursado la Municipalidad de Santiago a la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (Conupia), que desde hace una semana mantiene colgado un lienzo desde sus dependencias en la calle Estado.

Según el presidente de la entidad, Iván Vuskovic, el despliegue del cartel busca reabrir el debate en torno a la pequeña y mediana empresa, pues a su juicio, el Gobierno “hecho muy poco por este sector”.

Vuskovic señaló que tras las infracciones, deberá comparecer el 17 de este mes, situación que considera injusta, pues “el lienzo cuelga desde nuestra propiedad”.

Además alega que tanto el alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno como los concejales del municipio no han respondido una carta enviada al respecto.

En la misiva, la Conupia pide que en la práctica se haga realidad lo prometido por el Gobierno, como por ejemplo, que “los US$ 400 millones que Corfo entregó a la banca para dar créditos a las pyme lo reciban las personas que lo necesitan y no los clientes antiguos que ya son solventes y con una mejor espalda económica”.

Reforma urbana del Minvu aumentará contaminación

Sernac: Farmacias no cumplen con exigencia legal de mantener lista de precios de medicamentos

Miércoles 18 de Junio de 2008

Fuente :ORBE

La Ley del Consumidor exige que mantengan una lista de precios de los remedios a disposición del público, de manera visible y permanente.

SANTIAGO.- El 100 por ciento de las farmacias no cumple la exigencia legal de mantener listas de precios de manera permanente y visible, en tanto que un 44 por ciento de los locales encuestados señala que no tiene listas de precios de medicamentos disponibles para los consumidores y los que dicen contar con ellas no las tienen dispuestas al público.

 En el marco del interés público que han generado los precios de comercialización de los medicamentos, el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, quiso constatar que la información de precios sea adecuadamente entregada a los consumidores.

El día 10 de junio el Servicio realizó un sondeo en locales de las principales cadenas de farmacias ubicadas en la zona centro, sur y oriente de Santiago.

Es importante recordar que la Ley del Consumidor exige que los locales comerciales exhiban en estantes, anaqueles y góndolas, los precios de los productos. El precio debe indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección.

La Ley exige que cuando el consumidor no puede conocer por sí mismo el precio de los productos que desea adquirir, como es el caso de los medicamentos, los establecimientos comerciales deberán mantener una lista de sus precios a disposición del público, de manera permanente y visible.

El análisis realizado señala que: de los locales que tienen vitrinas, todos los establecimientos del centro de Santiago exhiben el 100 por ciento de los precios. Las farmacias del mall Plaza Vespucio cuentan con un 85 por ciento de los precios en vitrina a excepción de SalcoBrand que posee un 97 por ciento de los precios exhibidos.

Por su parte, de las farmacias que tienen góndolas, el porcentaje de presencia de precios exhibidos llega al 100 por ciento en el centro de Santiago. Le siguen las farmacias ubicadas en el mall Plaza Vespucio (97 por ciento) y Farmacias Ahumada de Camino El Alba con un 85 por ciento de los precios exhibidos.

Con respecto a las listas de precios, el Sernac indica que un 44 por ciento de los locales declara no tener disponibles listas de precios de medicamentos. Corresponden a locales de Farmacias Ahumadas y SalcoBrand, mientras que los locales Cruz Verde y algunos SalcoBrand señalan tener listas de precios.

No obstante, en aquellos que dicen poseer lista ésta no está exhibida directamente al consumidor y no es fácil acceder a ella pues se encuentra en manos del químico farmacéutico. En algunos locales se señala que “se está imprimiendo” (Cruz Verde Huérfanos y Plaza Vespucio).

En un local de Farmacias Ahumada se indica que sólo se puede acceder a los precios a través del computador de atención a público y en otro solamente se puede acceder a través de las pantallas de los vendedores.

En un local de SalcoBrand (Plaza Vespucio) los encuestadores del SERNAC se encontraron con que la química farmacéutica señaló que “por Ley no es obligación tener listas de precios".

Con lo anterior, ninguno de los locales de las principales cadenas de farmacias encuestados cumple de la exigencia legal de mantener listas de precios de manera “permanente y visible", situación que atenta contra el derecho de los consumidores a decidir sus compras de manera libre e informada.

Asimismo, “los listados de precios que pudieron ser apreciados, luego de todas las dificultades, no ayudan al ejercicio de la libre elección de los consumidores, ya que la búsqueda de los productos debe hacerse en listados de 15 a 20 mil productos que dificultan la comparación. Igualmente, la disposición de información a través de los vendedores no facilita la comparación e inhibe la cotización de los consumidores, ya que deben al menos soportar la misma espera que en una compra y consultar los precios por cada producto, por lo que la comparación entre productos distintos puede implicar múltiples consultas al vendedor", dijo la entidad.

El SERNAC realizará las presentaciones judiciales que corresponda y llama a los consumidores a exigir toda la información necesaria que les permita comparar entre distintos productos, conocer el precio antes de comprar y corroborar que lo cobrado sea el precio informado. A las empresas, el llamado es a cumplir la Ley y respetar el derecho a información y libre elección de los consumidores.

organizaciones ciudadanas logran influir para que se deponga la suma urgencia a mercantil proyecto de ley de urbanismo en el senado

Pese al blindage comunicacional del gobierno para defender su inmobiliario proyecto de ley de urbanismo, la Coordinadora Metropolitana de Organizaciones Ciudadanas Territoriales logró permear exitosamente las fronteras del parlamento y del gobierno con sólidos fundamentos, impidiendo que éste se zanjara con suma urgencia ayer en el senado.

Santiago, 4 de junio de 2008. Durante la tarde de ayer, cambió el curso de la historia de una de las mayores conjuras que el sector inmobiliario junto al MINVU tenían preparada para el país: legitimar los sistemáticos acomodos que la actual reglamentación urbana ha sufrido -a punta de arbitrarios decretos con fuerza de ley y circulares ministeriales- para transformar en ley las vergonzosas granjerías con las que ya goza el sector inmobiliario como otras nuevas e inconstitucionales atribuciones para apropiarse definitivamente del suelo nacional para sus privados negocios.

En la sesión de sala del senado de ayer 3 de junio, estaba programada en el primer punto de tabla, votar la idea de legislar en general, el proyecto del Minvu en materia urbana, con suma urgencia, es decir que en un plazo de 5 días hábiles se despacharía una ley inconsulta, que atañe en forma directa a toda la población del país en su calidad de vida así como en los equilibrios medioambientales del territorio nacional.

Pero las cosas esta vez fueron diferentes. Fruto de un intenso trabajo por parte de las organizaciones ciudadanas se logró hacer ver a los parlamentarios -quienes no poseían mayor conocimiento del proyecto de ley- cuáles eran las oscuras intenciones que éste proyecto escondía, tras un ropaje de modernización y de participación en los procesos de planificación urbana. En el otro frente, el gobierno también se llevó el mismo mensaje ciudadano, luego de una reunión con el ministro Viera Gallo, quedando en antecedentes del porqué la mayor representación de organizaciones ciudadanas de Santiago, rechaza tal iniciativa legislativa, en forma tan rotunda.

De esta forma en la discusión en sala, intervinieron varios senadores, no obstante las ponencias de Antonio Horvath, Alejandro Navarro y Carlos Cantero fueron destacables, pues plantearon con claridad que una ley de urbanismo amerita contar con un proceso de amplia y profunda discusión, lo que no ha ocurrido hasta ahora en el senado, sumando a ello a las instancias de representación ciudadana, antes de ser presentada en sala nuevamente a votación, para su discusión en particular.

Una de las más sólidas ponencias fue la del Senador Antonio Horvarth, haciendo un incisivo análisis del actual estado de crisis que viven las urbes en el país. Así, se refirió a la falta de resguardo por el medioambiente y la desproporcionada centralización del país, dejando a las regiones a la deriva, con un claro predominio del mercado inmobiliario en la forma de desarrollo de las ciudades. Por cuanto argumentó que aun no se ha dado en Chile un verdadero marco trasversal de discusión, que pueda recoger los ejes centrales para una ley en éstos gravitantes asuntos para el país.

Y que si bien a él le parece necesario legislar en ese sentido, aun no sabe si es buena o mala la propuesta del gobierno. Sin embargo se interroga si aquellas modificaciones no van en el sentido de generar mayor desorden aun en la planificación del territorio, y de la misma forma se pregunta porqué cayeron 2 propuestas anteriores del ejecutivo, no pudiendo negar la existencia de fuertes intereses económicos en esos ámbitos.

Por cuanto, insistió el senador Horvarth, que se debe integrar a la discusión de la ley a una amplia participación de la sociedad civil. Tampoco puede ser aprobada sin establecer una coherencia con la Ley Base del Medioambiente. Se necesita aclarar la implicancia de la Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado, ZODUC, en la expansión de las ciudades y el impacto sobre zonas agrícolas. Que además el proyecto sólo promueve una precaria participación ciudadana en los procesos de planificación urbana, considerando el Senador Horvarth muy necesario que ella sea vinculante en ámbitos locales. Y que también en la propuesta de modificación de articulados a la ley de urbanismo existen aspectos inconstitucionales. Por lo que concluyó, que de no incorporarse dichas indicaciones por el Minvu, en su discusión en particular, esta será rechazada. Por ello su discusión no puede tener urgencia.

El proyecto, finalmente fue votado para que se legisle en general hasta el 7 de julio próximo, con la sola abstención del senadora Giradi, quién se comprometió con la Coordinadora de Organizaciones Ciudadanas Territoriales a trabajar conjuntamente en el estudio de indicaciones a dicho proyecto de ley.

La Coordinadora Metropolitana, más allá de mantener su rechazo al proyecto de legislación urbana del gobierno, toma acta de las declaraciones de los senadores, las que divulgará en el seno de los circunscripciones que estos representan, para que la población sepa si ellos están defendiendo o no, los intereses de aquellos que con su voto los llevaron hasta el parlamento.

Por otra parte, la Coordinadora Metropolitana estará atenta a que se lleve adelante una discusión legislativa en los términos que los senadores señalaran en sus ponencias, es decir que incluya en su proceso los planteamientos de la ciudadanía organizada, como de las instancias del Estado concernidas en la planificación del territorio, siendo las más importantes medioambiente, agricultura, planificación, energía y cultura, para lo cual hará llegar sus aportes e indicaciones pertinentes. FIN

Contactos:

Verónica Adrián, Red Ciudadana Por Ñuñoa, Fono: 7/8854557

Wladimir Huichacura, Centro Cultural Matta Sur, Barrio Valioso, Fono: 5540742

Pedro Davis, Coordinadora Vecinal La Reina, Fono: 9/2194547

Rosario Carvajal, Vecinos Por la Defensa del Barrio Yungay, Fono: 9/2553882

Rodolfo Terrazas, Salvemos Vitacura, Fono: 9/85957306

Moisés Scherman, Red Ciudadana Por Ñuñoa, Fono: 9/0815275

COORDINADORA METROPOLITANA DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS TERRITORIALES

coordinadoraurbana@gmail.com